En un fallo histórico, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental de Bolivia dictó medidas cautelares para proteger al jaguar y su ecosistema, pronunciamiento que resalta la relevancia de la especie en los equilibrios ecológicos, dado que el jaguar es un depredador clave en la cadena alimentaria, crucial para el control de poblaciones de otras especies y la preservación de la biodiversidad en áreas como la Chiquitania (Santa Cruz).

La resolución, emitida tras una sesión de más de tres horas, aboga por una acción inmediata de los órganos del Estado para frenar el tráfico ilegal de jaguares y la destrucción de su hábitat. En lo inmediato, se exhorta a diferentes entidades gubernamentales a tomar medidas en los próximos 10 días.

“El incumplimiento conlleva sanciones”, advirtió Richard Méndez, presidente del Tribunal, subrayando la urgencia de proteger la especie en peligro de extinción.

Uno de los elementos clave de la resolución es la orden a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y otros organismos para que actúen contra las amenazas hacia los defensores del medio ambiente. Asimismo, el Tribunal instó a la Asamblea Legislativa a destinar recursos para proteger áreas naturales y apoyar a los guardaparques.

Más medidas de protección

El fallo, que responde a una demanda presentada por la diputada María René Álvarez (Creemos), también establece una "pausa ecológica" que suspende las autorizaciones de quemas y chaqueos en todo el país, medida que se aplica principalmente en la Chiquitania, un área clave para la conservación del jaguar, donde se ha documentado un incremento de la caza ilegal y la destrucción de su hábitat natural.

“La caza del jaguar ha sido un problema recurrente, y con ella, el avasallamiento de los territorios indígenas”, expresó Álvarez, quien destacó que esta resolución es un primer paso para garantizar los derechos de las especies protegidas y de las comunidades que dependen de los recursos naturales.

La legisladora enfatizó que el jaguar es un símbolo tanto de la Amazonía como de la Chiquitania, y su protección es vital para preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas. “Este es un logro de la sociedad civil comprometida con la naturaleza”, resaltó.

El Tribunal también urgió a las autoridades competentes a actualizar la clasificación del jaguar como especie en peligro crítico, con una política de “cero tolerancia” al tráfico de fauna silvestre, en coordinación con los gobiernos locales y las comunidades indígenas.

Además, se demandó la elaboración de planes específicos para mitigar el impacto de actividades como el desmonte y la deforestación, así como la implementación de programas de conservación para el jaguar.

Con la participación activa de diversas organizaciones, como la Wildlife Conservation Society (WCS), y la colaboración de defensores del medio ambiente y representantes indígenas, este fallo pone de manifiesto la creciente preocupación de la sociedad por la conservación de la fauna boliviana, según la parlamentaria.

Histórico: Tribunal Agroambiental determina por primera vez proteger al jaguar y su hábitat

El fallo no solo garantiza la protección del jaguar, sino que también impulsa una reflexión sobre la necesidad urgente de implementar políticas más eficaces para la conservación de la biodiversidad en Bolivia